El Gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, desmintió categóricamente este fin de semana las afirmaciones del sector empresarial —principalmente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)— de que la Ley de Justicia Tributaria (LJT) haya perdido su estatus como meta estructural en el Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta controversia surgió durante la cuarta revisión del programa, que concluyó el 22 de septiembre con la aprobación de un desembolso de 160 millones de dólares (DEG 117,6 millones), elevando el total acumulado a 485 millones de un paquete de 850 millones firmado en septiembre de 2023. El FMI elogió el desempeño macroeconómico hondureño, con un crecimiento del 3,6% en 2024 y proyecciones de 3,5% para 2025, pero reiteró la necesidad de reformas fiscales para reducir exoneraciones y mejorar la recaudación.
La LJT,
presentada en 2023, busca eliminar 15 regímenes especiales de exoneraciones
fiscales (que representan el 7% del PIB, superior al promedio regional) y
consolidarlos en solo tres, promoviendo progresividad tributaria y
transparencia para combatir la evasión. Aunque no crea nuevos impuestos, ha
enfrentado resistencia en el Congreso Nacional por parte de la oposición de
derecha y gremios empresariales, que la ven como un obstáculo para la
inversión. El Gobierno insiste en que su aprobación es clave para elevar la
recaudación del 17% al 21% del PIB, alineándose con estándares latinoamericanos
y metas del FMI.
Antecedentes
del Acuerdo con el FMI y el Rol de la LJT
El Acuerdo
Stand-By, renovado en 2023 bajo la Facilidad Extendida de Crédito, incluye
metas cuantitativas (déficit fiscal en 1% del PIB en 2024) y estructurales para
estabilizar las finanzas públicas. La LJT fue incluida inicialmente como pilar
para fortalecer el sistema tributario, pero el Cohep alega que ya no lo es,
basándose en una reunión con la misión del FMI el 18 de septiembre.
Etapa del
AcuerdoFechaDetalles sobre LJTEstado ActualFirma InicialSeptiembre 2023Incluida
como meta estructural para reducir exoneraciones y elevar recaudación en 1% del
PIB a mediano plazo.Compromiso explícito en Memorándum.Primera
RevisiónDiciembre 2023FMI valora positively la propuesta; desembolso de 160
millones.Apoyo técnico reafirmado.Tercera RevisiónJunio 2025Proyecciones de
ingresos 2026 no asumen aprobación de LJT; énfasis en ejecución
presupuestaria.Mantenida como recomendación, no condicionante.Cuarta
RevisiónSeptiembre 2025FMI aprueba desembolso; elogia avances, pero urge
reformas fiscales. Gobierno desmiente retiro de relevancia.Pilar del programa,
según SEFIN y SAR.
El FMI, en
su conferencia de octubre 2024, destacó la LJT como un "enorme
esfuerzo" para disciplinar exoneraciones, con el director del Hemisferio
Occidental, Rodrigo Valdés, señalando su potencial para mejorar ingresos en 1%
del PIB. En la revisión actual, el jefe de misión Emilio Fernández Corugedo
enfatizó "crear mayor espacio fiscal para inversión pública y gasto
social" mediante reducción de exoneraciones, sin mencionar explícitamente
la LJT como condicionante, lo que alimentó las interpretaciones del Cohep.
Posición
del Gobierno: Desmentido y Argumentos Clave
Funcionarios
clave del Ejecutivo respondieron rápidamente a las declaraciones del Cohep del
19 de septiembre, que citaban al FMI afirmando que "el Proyecto de Ley de
Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand
By".
Ministro de
Finanzas, Christian Duarte: En X (Twitter) el 20 de septiembre, posteó:
"La Ley de Justicia Tributaria se encuentra en el texto del Memorándum
para el acuerdo Stand by con el FMI. Sigue siendo un pilar del programa".
Insistió en que el documento oficial mantiene el compromiso de aprobación, y
criticó al sector privado por rechazarla pese a hablar de "reforma
tributaria para el desarrollo". Duarte destacó que la LJT no es
recaudatoria, sino de transparencia contra la corrupción.
Directora
del SAR, Mariana Ríos: El 21 de septiembre, en X y declaraciones a Prensa
Latina, negó categóricamente: "Es falso que haya perdido importancia
dentro del acuerdo con el FMI. [...] Tiene un sentido lógico e integral de
todas sus partes, orientado a la progresividad del sistema tributario".
Acusó al Cohep de desinformar para proteger intereses económicos, y precisó que
la LJT es "eje central" para metas de transparencia y competitividad
internacional.
Director de
Aduanas: El 21 de septiembre, en Radio América, reafirmó: "No existe ni
por parte del FMI, ni del Gobierno, que un proyecto como la LJT deba aprobarse
para que Honduras no se convierta en un paraíso fiscal". Pidió a la
población elegir diputados en noviembre que inicien su discusión.
Diputado
Oficialista Hugo Noé Pino: El 21 de septiembre, admitió que "ya no es una
meta estructural", pero aclaró: "Una cosa es que no sea meta
estructural, y otra que le haya retirado el apoyo". Explicó que el FMI
recomendó separar la LJT de otras reformas (como la Ley de Beneficiario Final)
para agilizar aprobaciones, tras una fusión legislativa que complicó el
proceso.
El Gobierno
ve la LJT como herramienta para erradicar la pobreza, invirtiendo en
vulnerables, y alineada con el GAFI (revisión en octubre 2026, que requiere
reformas anti-lavado pero no la LJT directamente).
Posición
del Sector Empresarial (Cohep) y Críticas
El Cohep,
en un comunicado del 19 de septiembre tras reunirse con la misión del FMI,
afirmó: "Los representantes del FMI expresaron que el Proyecto de Ley de
Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand
By". Argumentaron que el GAFI se enfoca en leyes anti-lavado y
financiamiento al terrorismo, no en la LJT, y reiteraron que para inversión
sostenible se necesita "creación de empleos de calidad y crecimiento
estable". El presidente del Cohep, Hugo Noé Pino (no confundir con el
diputado), enfatizó preparar reformas en un solo documento para el Congreso.
Críticos
como el medio Vox Populi HN (20 de septiembre) interpretan esto como un
"cambio de rumbo" del FMI, retirando respaldo directo y quitando
justificación política al Gobierno para impulsarla. El sector privado advierte
que la LJT podría desincentivar inversión y empleo si no se aprueba por
consenso.
