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Gobierno de Honduras Desmiente Pérdida de Relevancia de la Ley de Justicia Tributaria en Acuerdo con el FMI

 







El Gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, desmintió categóricamente este fin de semana las afirmaciones del sector empresarial —principalmente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)— de que la Ley de Justicia Tributaria (LJT) haya perdido su estatus como meta estructural en el Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta controversia surgió durante la cuarta revisión del programa, que concluyó el 22 de septiembre con la aprobación de un desembolso de 160 millones de dólares (DEG 117,6 millones), elevando el total acumulado a 485 millones de un paquete de 850 millones firmado en septiembre de 2023. El FMI elogió el desempeño macroeconómico hondureño, con un crecimiento del 3,6% en 2024 y proyecciones de 3,5% para 2025, pero reiteró la necesidad de reformas fiscales para reducir exoneraciones y mejorar la recaudación.

La LJT, presentada en 2023, busca eliminar 15 regímenes especiales de exoneraciones fiscales (que representan el 7% del PIB, superior al promedio regional) y consolidarlos en solo tres, promoviendo progresividad tributaria y transparencia para combatir la evasión. Aunque no crea nuevos impuestos, ha enfrentado resistencia en el Congreso Nacional por parte de la oposición de derecha y gremios empresariales, que la ven como un obstáculo para la inversión. El Gobierno insiste en que su aprobación es clave para elevar la recaudación del 17% al 21% del PIB, alineándose con estándares latinoamericanos y metas del FMI.

Antecedentes del Acuerdo con el FMI y el Rol de la LJT

El Acuerdo Stand-By, renovado en 2023 bajo la Facilidad Extendida de Crédito, incluye metas cuantitativas (déficit fiscal en 1% del PIB en 2024) y estructurales para estabilizar las finanzas públicas. La LJT fue incluida inicialmente como pilar para fortalecer el sistema tributario, pero el Cohep alega que ya no lo es, basándose en una reunión con la misión del FMI el 18 de septiembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa del AcuerdoFechaDetalles sobre LJTEstado ActualFirma InicialSeptiembre 2023Incluida como meta estructural para reducir exoneraciones y elevar recaudación en 1% del PIB a mediano plazo.Compromiso explícito en Memorándum.Primera RevisiónDiciembre 2023FMI valora positively la propuesta; desembolso de 160 millones.Apoyo técnico reafirmado.Tercera RevisiónJunio 2025Proyecciones de ingresos 2026 no asumen aprobación de LJT; énfasis en ejecución presupuestaria.Mantenida como recomendación, no condicionante.Cuarta RevisiónSeptiembre 2025FMI aprueba desembolso; elogia avances, pero urge reformas fiscales. Gobierno desmiente retiro de relevancia.Pilar del programa, según SEFIN y SAR.

El FMI, en su conferencia de octubre 2024, destacó la LJT como un "enorme esfuerzo" para disciplinar exoneraciones, con el director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, señalando su potencial para mejorar ingresos en 1% del PIB. En la revisión actual, el jefe de misión Emilio Fernández Corugedo enfatizó "crear mayor espacio fiscal para inversión pública y gasto social" mediante reducción de exoneraciones, sin mencionar explícitamente la LJT como condicionante, lo que alimentó las interpretaciones del Cohep.

Posición del Gobierno: Desmentido y Argumentos Clave

Funcionarios clave del Ejecutivo respondieron rápidamente a las declaraciones del Cohep del 19 de septiembre, que citaban al FMI afirmando que "el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By".

 

Ministro de Finanzas, Christian Duarte: En X (Twitter) el 20 de septiembre, posteó: "La Ley de Justicia Tributaria se encuentra en el texto del Memorándum para el acuerdo Stand by con el FMI. Sigue siendo un pilar del programa". Insistió en que el documento oficial mantiene el compromiso de aprobación, y criticó al sector privado por rechazarla pese a hablar de "reforma tributaria para el desarrollo". Duarte destacó que la LJT no es recaudatoria, sino de transparencia contra la corrupción.

Directora del SAR, Mariana Ríos: El 21 de septiembre, en X y declaraciones a Prensa Latina, negó categóricamente: "Es falso que haya perdido importancia dentro del acuerdo con el FMI. [...] Tiene un sentido lógico e integral de todas sus partes, orientado a la progresividad del sistema tributario". Acusó al Cohep de desinformar para proteger intereses económicos, y precisó que la LJT es "eje central" para metas de transparencia y competitividad internacional.

Director de Aduanas: El 21 de septiembre, en Radio América, reafirmó: "No existe ni por parte del FMI, ni del Gobierno, que un proyecto como la LJT deba aprobarse para que Honduras no se convierta en un paraíso fiscal". Pidió a la población elegir diputados en noviembre que inicien su discusión.

Diputado Oficialista Hugo Noé Pino: El 21 de septiembre, admitió que "ya no es una meta estructural", pero aclaró: "Una cosa es que no sea meta estructural, y otra que le haya retirado el apoyo". Explicó que el FMI recomendó separar la LJT de otras reformas (como la Ley de Beneficiario Final) para agilizar aprobaciones, tras una fusión legislativa que complicó el proceso.

 

El Gobierno ve la LJT como herramienta para erradicar la pobreza, invirtiendo en vulnerables, y alineada con el GAFI (revisión en octubre 2026, que requiere reformas anti-lavado pero no la LJT directamente).

Posición del Sector Empresarial (Cohep) y Críticas

El Cohep, en un comunicado del 19 de septiembre tras reunirse con la misión del FMI, afirmó: "Los representantes del FMI expresaron que el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By". Argumentaron que el GAFI se enfoca en leyes anti-lavado y financiamiento al terrorismo, no en la LJT, y reiteraron que para inversión sostenible se necesita "creación de empleos de calidad y crecimiento estable". El presidente del Cohep, Hugo Noé Pino (no confundir con el diputado), enfatizó preparar reformas en un solo documento para el Congreso.

Críticos como el medio Vox Populi HN (20 de septiembre) interpretan esto como un "cambio de rumbo" del FMI, retirando respaldo directo y quitando justificación política al Gobierno para impulsarla. El sector privado advierte que la LJT podría desincentivar inversión y empleo si no se aprueba por consenso.


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